Popotlán en una de las colonias construidas por Fundasal en Apopa. /DEM


El proyecto Chambita Medidor del Centro Nacional de Registros (CNR) ha ocasionado inseguridad jurídica a la propiedad inmueble a 2 mil 308 familias de las colonias Popotlán 1 y Popotlán 2, del municipio de Apopa, a quienes se les ha negado inscribir sus escrituras, porque la medición de las propiedades que hizo el personal que trabajó en ese proyecto, no coincide con las mediciones que constan en el contrato de tenencia con promesa de venta que la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (Fundasal) otorgó entre los años 1985 a 1,990 a los adjudicatarios.

Un grupo de habitantes de estas populosas colonias ubicadas al norte de San Salvador, denunciaron que ya han agotado todas las instancias para que sus propiedades sean legalizadas, pero nadie les ha prestado atención y están en un limbo jurídico del cual culpan a Fundasal, institución privada sin fines de lucro que les prometió escriturarles una vez pagaran sus inmuebles; muchas familias aseguran que desde hace varios años terminaron de cancelar y la referida entidad ha mostrado poco interés en solventar el problema.

Tras esos señalamientos de los habitantes de las mencionadas colonias, Dimas Israel Pinto, subjefe de la Unidad Jurídica de Fundasal, se desmarcó de responsabilidad y culpó directamente a las autoridades del CNR y su proyecto Chambita Medidor, sumado a eso les reprocha que les hayan aplicado la Ley de Lotificaciones y Parcelaciones de Uso Habitacional, aprobada en el año 2012, cuando en realidad esta normativa no los debía incluir a ellos porque cuando construyeron las dos colonias siguieron todos los requisitos de aprobación de planos, autorización de factibilidades y otras reglas que la Ley de Urbanismo exige.

“Entonces tenemos un plano de Popo-tlán 1 y 2 que le llamamos la segunda etapa, que ese fue entre 1988 a 1990, tenemos un plan maestro autorizado y sellado por el DUA (Dirección de Urbanismo y Arquitectura), en esa urbanización tenemos todas las de ley”, sostuvo Pinto.

graficaSegún Fundasal, cuando la Ley de Lotificaciones y Parcelaciones de Uso Habitacional entró en vigencia el Viceministerio de Vivienda comenzó a exigir que todas los lotificadores y urbanizadores debían regularizarse y adaptarse a esta normativa, pero que como entidad la estudiaron detenidamente y concluyeron que se les podía aplicar porque Popotlán 1 y Popotlán 2, son colonias totalmente urbanizadas y fueron edificadas bajo la Ley de Urbanismo, y estas colonias comenzaron a ser construidas en 1985 y 1990, y al incluirlos en la nueva ley del año 2012, se les aplica un efecto retroactivo, lo cual es ilegal.

Sin embargo, Pinto, asegura que ellos han mostrado el interés de regularizarse con sus proyectos, como el Viceministerio de Vivienda lo ha exigido, y producto de eso, cuando Chambita Medidor llegó a mapear las dos etapas de Popotlán entregaron los planos que en su momento les autorizó y selló el DUA.

Ese mapeo de Chambita Medidor, en lugar de facilitar la aplicación de leyes de ordenamiento territorial y mejorar la seguridad de la tenencia de la tierra, llegó a ocasionar graves problemas legales para las 2 mil 308 familias, sin contar otra cantidad superior de adjudicatarios de las colonias Chintú 1 y Chintú 2, siempre del mismo municipio, que están en igual situación.

El subjefe jurídico de Fundasal, explica que cuando la gente de las dos etapas de Popotlán mostraba los contratos de tenencia con promesa de venta que ellos les otorgaron entre 1985 y 1990, el personal de Chambita Medidor no tomó en cuenta las mediciones que constan en ese documento y lo hicieron a su antojo, lo cual ha traído repercusiones graves a las familias al momento de querer inscribir sus propiedades porque las mediciones de Chambita Medidor no coinciden con las de Fundasal.

“Cuando iban en el campo ellos lo que tomaban eran hasta un área de arriate donde los beneficiarios se salían y construían más afuera de su casa sin tomar en cuenta lo del plan, algunos las esquinitas las cerraron por seguridad, otros los jardines los hicieron más adelante o más de lado, total que Chambita hizo una chambonada, digámoslo así”, expresó Pinto.

Acercamientos

En el año 2012, con la aprobación de la Ley de Lotificaciones y Parcelaciones de Uso Habitacional, se presionó a Fundasal para regularizarse y tuvieron acercamientos con el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, con el Instituto de Legalización de la Propiedad y otras autoridades del CNR, con el fin de explicarles que esta normativa no podía aplicárseles y debía hacerse una excepción con proyectos antiguos, entre ellos Popotlán.

Pero esos acercamientos fueron en vano, ya que les expresaron que no se podía hacer ninguna excepción con proyectos de Fundasal ni con otros lotificadores. La situación se complicó el 28 de febrero del año 2014, cuando dos registradoras enviaron una circular con instrucciones de no registrar ningún proyecto de Fundasal, es decir, que ninguna persona puede registrar su escritura.

Con la llegada del gobierno de Salvador Sánchez Cerén, el director ejecutivo del CNR, Rogelio Canales Chávez, se reunió con representantes de Fundasal y les expresó que no se les podía aplicar la Ley de Lotificaciones y Parcelaciones de Uso Habitacional y que no se preocuparan que ese impasse se resolvería, pero según Dimas Israel Pinto, todo fue de palabras, ya que una semana después de esa reunión, ellos acudieron a las ventanillas del CNR para inscribir propiedades de Popotlán y les informaron que había una orden de no hacerlo y que si no había algo por escrito de Canales Chávez, ningún inmueble de las referidas colonias de Apopa, serían registrados.

Las gestiones por lograr la inscripción de estas propiedades continuaron, según Fundasal, y producto de eso a finales del año 2015, se les dijo que la alternativa es regirse bajo la Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, lo cual indica que al momento de escriturar ya no se irá por la vía de la segregación simple, sino por una desmembración en cabeza de dueño.

Para eso Fundasal trabajó en una declaración jurada donde hace constar que antes era el dueño de 3 mil 762 lotes, pero ahora solo es propietaria de 2 mil 308, ya que 1 mil 454 fueron inscritas antes que se les aplicara la Ley de Lotificaciones, anexando un estudio registral con nombre, área y dirección de cada casa escriturada y un plano de las 3 mil 762 casas que ya fue puesto a la orden del CNR.

El siguiente paso que Fundasal debe dar es llevar a inscribir una escritura de declaración jurada con el plano de las 2 mil 308 casas no registradas, para posteriormente acudir con una escritura de desmembración en cabeza de dueño.

“¿Qué significa eso?. Voy a hacer una escritura tan grande, donde vamos a describir lote por lote de los no escriturados en su dimensión, distinta al sistema tradicional, y el registro pondrá la dirección, el área del lote y una matrícula, ese número de matrícula que es el nuevo sistema lleva ocho números, entonces cada lotecito va tener una matrícula en particular a eso le apuesta el registro al modernizarse, a eso le apuesta la Ley de Reestructuración”, explicó Pinto.

mapa

Ficha geográfica de Popotlán

Popotlán está a unos 14 kilómetros al norte de San Salvador, y es una urbanización que Fundasal comenzó a trabajar con las familias desde el año 1985, siguiendo todos los trámites para dibujarla como urbanización, que logró una autorización de factibilidades por parte de la extinta Dirección de Urbanismo y Arquitectura (DUA). Ese proyecto de dos etapas culminó en el año 1990 y las familias recibieron un contrato de tenencia con promesa de venta.

Como una urbanización, cuentan con áreas de esparcimiento social, zonas verdes, áreas para que ANDA construyera sus pozos, calles, pasajes y escuelas. Fundasal lo ha catalogado como uno de los complejos habitacionales más grandes que la institución ha construido en El Salvador.

Con 3 mil 762 casas, Fundasal asegura que tiene todas las características de un gran complejo, dispone de áreas de desarrollo social que las ocupa y mantiene la organización Fe y Alegría, hay dos casas comunales, dos juntas directivas (Adescos) y es calificado como un proyecto de interés social.

3,762 Casas

construidas por Fundasal en las dos etapas de la urbanización Popotlán.

1,454 Inmuebles

que fueron inscritos en el CNR antes que se aplicara la Ley de Lotificaciones.

2,308 Familias

de Popotlán 1 y 2 que están esperando la inscripción de sus propiedades.